Desde que el presidente José López Portillo puso en marcha a mediados de 1982 la construcción del canal Fuerte–Mayo en la región donde colindan los estados de Sonora y Sinaloa en el noroeste de México, para reactivar la continuación del Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO), los gobiernos que le sucedieron se sometieron a las políticas de austeridad fiscal y equilibrio presupuestal dictadas por el FMI. Le dieron la espalda a la inversión pública en la infraestructura básica y, con ello, suspendieron la construcción de obras estratégicas para el desarrollo económico nacional.
Salvo la insistencia de la Junta Internacional de Comités Laborales (JICL), y de organizaciones de agricultores como el Foro Permanente de Productores Rurales (FPPR), que han mantenido una militancia sistemática en Sonora en torno a este proyecto inspirados en los conceptos económicos del ex candidato presidencial estadounidense Lyndon H. LaRouche, la mayoría de las instituciones de gobierno, los organismos agrícolas y empresariales, así como los partidos políticos, sucumbieron a la ilusión de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Canadá, y la globalización, garantizarían el crecimiento económico del país.
Pero, la prolongada sequía que ha azotado por más de una década a los estados de Sonora, Chihuahua y el norte de Sinaloa, que ha dejado sin cultivar cientos de miles de hectáreas de tierra, ha regresado a muchos a la realidad, y la demanda de concretar el PLHINO emerge de nuevo como un proyecto sin el cual el país pierde su autosuficiencia alimentaria, y el noroeste de México su futuro.
Qué es en realidad el PLHINO
En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, los tecnócratas de su gobierno lo rebautizaron como el SHINO, o Sistema Hidráulico del Noroeste. El nuevo nombre no era una cuestión denominativa: al abandonar la definición de “plan” por la de “sistema”, la enfermedad del salinismo canceló el concepto original del proyecto eliminando la idea de interconectar las presas, que es la que aseguraría el traslado de los excedentes de agua de Nayarit y el sur de Sinaloa a las tierras del norte del mismo estado y de todo el sur de Sonora. Hoy, como entonces, el argumento de estos idiotas se reduce a la estupidez de la llamada “incosteabilidad financiera” del proyecto original. Éste es el mismo coro de necios que repite, convencido, los “análisis” del Banco Mundial de que dizque será inevitable una guerra por el agua, aceptando este destino como si fuera “más barato” que realizar las obras de infraestructura hidráulica que garantizarían el abasto de agua necesario para el desarrollo económico del país.
El PLHINO es parte del proyecto de revolución hidráulica trazado en México desde mediados de los 1960, bajo el concepto de aprovechar la vasta disponibilidad de agua del sur y sureste del país transfiriéndola a las amplias regiones con vocación agrícola del norte y noroeste de México. El plan prácticamente abarca la totalidad de los estados de Sonora y Sinaloa, además de grandes porciones de Chihuahua, Durango, Nayarit y una pequeña parte de Jalisco. ( Pulse sobre la imagen para ver ampliación) .
El plan fue diseñado para resolver los problemas de la distribución irregular del agua en esta porción del territorio nacional, y contempla el control y aprovechamiento combinado de los recursos hidráulicos de 16 ríos y siete arroyos de la región, que tienen un escurrimiento anual conjunto de 28.000.000m3. El PLHINO también incorporaría un volumen anual de 1.300.000m3de aguas del subsuelo.
En su concepto original, el plan está integrado por un sistema de presas de almacenamiento y canales de conducción que inicia en el sur, en la porción central del estado de Nayarit, donde la precipitación media anual llega a 1.500mm, y el escurrimiento medio anual de los ríos excede los 300.000m3/km2de cuenca. Mientras que en el norte, en la zona central del estado de Sonora, la precipitación media anual es de apenas 150mm, y el escurrimiento de sólo 6.000m3/km2.
El impacto de la prolongada sequía en la región, y en especial en los distritos de riego de los valles del Yaqui y del Mayo, ubicados en el sur del estado de Sonora, cumple el viejo adagio de que “la naturaleza no perdona”. La aberración de la naturaleza señala el drama de la insensatez de habernos sujetado de forma incondicional a las políticas de libre comercio, que consideran a las regiones agrícolas del país como “zonas no estratégicas”. Estas políticas afirman que es más barato importar los granos que producirlos. Al respecto, el Banco Mundial ha señalado que en el norte de México, por la escasez de agua, debe dársele prioridad al abasto para las maquiladoras, y no para la agricultura.
Cada año, a consecuencia de la prolongada sequía, en estos dos valles han dejado de sembrarse cerca de 200.000 hectáreas de tierra, de las más de 300.000 de la región del Yaqui y Mayo. Ha pretendido atenuarse este desastre con la perforación de pozos para extraer agua del subsuelo por bombeo, pero el costo de la electricidad, sumado a la hiperinflación registrada en los costos de otros insumos, y a la política librecambista de precios, hacen prácticamente incosteable la siembra de cultivos como el trigo y el maíz.
Esta situación tiene sumida a la región en una profunda depresión, pues, en gran medida, todas las actividades económicas giran en torno al sector primario. La pobreza y el desempleo han crecido de forma alarmante. El drama de la sequía azota a un sector agrícola ya de por sí abatido por las políticas que, en los últimos 20 años, le han retirado todo mecanismo de protección, en particular los precios de garantía. La respuesta impotente del gobierno federal se ha limitado a ofrecer raquíticos paquetes de asistencialismo, ejercidos mediante los llamados apoyos a la comercialización y el programa PROCAMPO, apoyos que desaparecerán en el 2005 a resultas de las disposiciones del TLC.
El regreso a la realidad
En este marco, desde mayo del 2003 los integrantes del FPPR y la JICL han venido intensificando su campaña por instrumentar las grandes obras de infraestructura hidráulica, entre ellas las de los grandes proyectos transfronterizos con los EU como el NAWAPA, que aportarían ingentes cantidades de agua a la región del Gran Desierto Americano, abasteciendo desde Arizona más de 12.000.000m3de agua al norte de Sonora, con un canal que se conectaría por el río Fronteras a la cuenca del río Yaqui. Así, Sonora recibiría agua por el sur con el PLHINO, y por el norte con el proyecto del NAWAPA.
Desde principios de este año, la prensa ha informado sobre la movilización del FPPR y la JICL en Sonora con estas propuestas, mismas que otras organizaciones de productores agrícolas han adoptado. Por ejemplo, en una reciente reunión con el Secretario de Agricultura Javier Usabiaga, el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste, el ex diputado federal Juan Leyva Mendívil, demandó enfrentar el problema de la sequía en la región terminando el PLHINO. Lo mismo hizo el senador Carlos Villalobos Organista, además de organismos agrícolas y de comerciantes del sur de Sonora.
De esta movilización nació un documento, dirigido al gobernador del estado de Sonora Eduardo Bours Castelo, que propone la reactivación y reconstrucción económica de la región teniendo como vértice la terminación del PHLINO. El documento fue aprobado por la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora, el Comité Principal de Comercialización, la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, la Alianza Campesina del Noroeste, la ARIC de los Valles del Yaqui, Mayo y Guymas, la Unión de Crédito Agropecuaria del Río Yaqui, la Asociación de Fondos de Aseguramiento del Estado de Sonora, la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas, y la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Río Yaqui.
En el documento, todas estas organizaciones reconocen que Sonora no tiene futuro sin el abasto del agua, “habremos de reconocer entonces que la lucha por la terminación del PLHINO es un asunto de orden existencial.
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